Caso Púnica, púnica granatum

La operación Púnica, debe su nombre al principal protagonista de la trama, Francisco Granados, ya que el árbol del granado se conoce como: «púnica granatum».

Francisco Granados, siendo Alcalde de Valdemoro, el PSOE de Madrid le denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por ciertas irregularidades en la campaña electoral. Le acusaron de pagar con dinero del Ayuntamiento, folletos electorales para su campaña y regalos promocionales distribuidos entre los votantes. Después fue Diputado en la Asamblea de Madrid, Consejero de Transportes de la CAM. Presidió la Comisión Investigadora del denominado caso Tamayazo, en el que Tamayo y su compañera Sáez se ausentaron de aquella votación para conseguir una repetición de elecciones y que acabó dándole el poder a Esperanza Aguirre. Una compensación por frustrar la investidura de Simancas y un gobierno de izquierdas, a cambio de: «Algún millón, alguno más de dos y menos de cinco».

Esperanza Aguirre ya llevaba varios años de Gobierno cuando, según Granados, Tamayo fue a reclamar lo suyo: «Y a este señor le dije que nada de nada». Fue uno de los hombres fuertes de la Comunidad de Madrid. Secretario General del PP de la CAM, desde 2004 –2011, asumiendo las competencias de Interior  y Justicia. Esperanza Aguirre, en junio de 2011, prescindió de sus servicios.

Según la prensa, en Valdemoro tiene once inmuebles. Granados y su sucesor en la alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, compraron a David Marjaliza, íntimo amigo del empresario constructor, acusado de ser uno de los «conseguidores» de la trama, sendos chalets en Marbella valorados en 200.000 euros en 2002, por los que habían adelantado la suma de 33.000 euros. Marjaliza recompró ambos, unos meses más tarde.

En Madrid, unos grandes almacenes le facturaron al político unos muebles de cocina un año más tarde, cuando ya no era de su propiedad. Granados alegó que la factura estaba a su nombre por error del proveedor.

El 23 de octubre de 2006, alguien incendió intencionadamente el Mini Cooper de la esposa de Granados, se descubrió así que el coche estaba a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocios SL, una constructora local contratista del ayuntamiento. La misma constructora, propiedad de otro amigo de Granados, Ramiro Cid. El político adujo que el coche había sido adquirido por su esposa en un negocio local de compra-venta de vehículos, Car Valdemoro, que no había tramitado la transferencia. El gerente de dicho negocio confirmó la operación, y justificó la ausencia de transferencia por retrasos burocráticos de Tráfico. Los periodistas comprobaron que la transferencia no había sido solicitada jamás. Car Valdemoro es propiedad de José Miguel Moreno Torres. El PP consideró este hecho, como un atentado terrorista.

Se construyó una casa de lujo de 1000 m² sobre seis parcelas, el grupo Obras y Vías era propietario del suelo y constructora de la mansión, y dueña a su vez de Grandes Locales de Negocio SL, la propietaria del vehículo incendiado. Granados contrató la construcción del chalet sin pagar nada por el suelo.

En 2009, un alto directivo de una constructora de la zona, DICO, denunció haber pagado comisiones millonarias a diversos alcaldes, refiriéndose a Granados como «el tío más sucio del mundo».

Los concejales del PP, José Luis Peñas y Juan José Moreno Alonso le señalaron como uno de los cargos del gobierno madrileño que presionaron para que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, procesado en el caso, amañara una venta de suelo público.

En 2009,  Granados estaba señalado por el escándalo de la supuesta trama de espionaje político a sus compañeros de partido, Ignacio González, Manuel Cobo y Alfredo Prada, financiada con fondos públicos de la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Controlaba el supuesto aparato de espionaje, integrado por tres guardias civiles, a los que había fichado personalmente como asesores de seguridad. Tras una investigación judicial, se archivó el caso por falta de indicios.

En 2011 presentó una declaración de bienes en la que afirmaba haber cobrado de la CAM, 15.000 euros más de lo que declaraba oficialmente como su sueldo.

Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial con Gestión Industrial Organizada, SA, empresa pública perteneciente a la Comunidad de Madrid, dedicada a la compra y gestión del suelo. Sus objetivos son las de llevar a cabo estrategias territoriales como las de la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón; el Parque Empresarial de Las Rozas; el área de centralidad de Alcorcón; y una serie de Programas de Actuación Urbanística (PAU) en Getafe, Leganés y Pinto, entre otras zonas. Se investiga si hubo o no control en el gasto de 10 millones de euros que gestionó la Fundación desde que la creó Francisco Granados en 2006. Era capital 100% público.Hizo grandes negocios con la gestión de los consorcios urbanísticos municipales y las adjudicaciones de obras y servicios de los llamados Planes Prisma. Granados controlaba y, supuestamente, amañaba, todas las fases de las operaciones de venta de parcelas públicas durante los años centrales de la burbuja del ladrillo. Sin embargo, no la llevaba Granados directamente, ocupado en sus tareas políticas. Tres figuras son clave en la presunta explotación fraudulenta: Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la sociedad, el promotor Adolfo Fernández Maestre y el abogado José Luis Jaraba, secretario de los 22 consorcios urbanísticos suscritos por Arpegio con once ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Eduardo Larraz, que antes de colaborar con Granados fue jefe de Gabinete del Ministerio de Sanidad con Celia Villalobos, reconoció que poseía 90 lingotes de oro de medio kilo y otros 56 de un kilo con un valor de 1,96 millones de euros. Larraz y su esposa, supuestamente ocultaron en Suiza hasta 1,65 millones de euros. Sin embargo, la situación era tan irregular que hasta el banco privado helvético Société Générale canceló su cuenta al existir sospechas de corrupción. El matrimonio también tenía sociedades en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas, que no fueron declaradas a la Agencia Tributaria.

El promotor Adolfo Fernández Maestre, dueño de la mercantil DUSA, la empresa de Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos, fue subcontratada por Arpegio para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma. Recibió una “licitación meteórica” de 5,3 millones de euros para la gestión de los contratos del Plan Prisma. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio. En el registro del domicilio de Fernández Maestre, hallaron, además de 15.480 euros y 3.840 dólares en metálico, una pistola. El arma, que no tenía licencia, perteneció, según manifestó el promotor, a su padre, militar y le ha costado al empresario una imputación por tenencia ilícita de armas, además de una ristra de delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

El abogado, José Luis Jaraba Pérez, Secretario de los consejos de administración de los diferentes consorcios urbanísticos bajo sospecha, también figura como socio de la empresa Jaraba Tamame Asociados SL, a través de la cual facturó entre 2003 y 2012 más de 1,1 millones de euros a la propia empresa pública del suelo. Anticorrupción destaca que en esos años también “mantuvo dudosas relaciones” con las firmas de Adolfo Fernández Mestre, de las que recibió alrededor de 1,5 millones de euros. Además, facturó 3,1 millones de euros a Técnicas Territoriales Urbanas, otra de las firmas investigadas.

Amañó contratos millonarios en diversos municipios de la CAM a una multinacional francesa, Cofely, experta en sistemas de eficiencia energética, que acaparó 160 de los 250 millones de euros amañados.  Esta empresa se dedica a mejorar los sistemas eléctricos en los edificios consistoriales y su alumbrado público. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a la empresa Cofely ocho contratos por, 516.004 euros entre los años 2009 y 2012. En la lista de arrestados están el director general de Cofely, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva. Cofely sería “la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama” en la que Granados haría la labor de conseguidor de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales.

En su sede madrileña trabajaba, Miguel Ángel Villanueva, quien fuera vicealcalde de Madrid hasta su dimisión, tras la tragedia del Madrid Arena. La trama habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones. El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha anunciado que los técnicos municipales están “mirando” un contrato que el Ayuntamiento adjudicó a Cofely para la climatización en edificios municipales “cinco días antes de las elecciones de 2011”. El presupuesto base de licitación fue de 292.000 euros. Agentes de la UCO, se personaron en el consistorio para requerir el expediente completo del concurso. Paralizaciones parecidas podrían haber ocurrido en otros municipios en los que la compañía haya presentado ofertas.

Francisco Granados y David Marjaliza habrían diseñado el negocio perfecto para lucrarse mediante la construcción de colegios.  El político y el amigo constructor cobrarían entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha. En este caso, el pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro. El dueño de la empresa, Alfonso Ferrón, está imputado por estos pagos. Granados usaba su influencia política para que los ayuntamientos madrileños cedieran el suelo a un precio muy inferior al de mercado. En la segunda fase del procedimiento, Alfedel pagaba una comisión que, en el fondo, venía disfrazada por un contrato falso de consultoría entre Alfedel y la sociedad del amigo-constructor de Granados, David Marjaliza. De esta forma, Alfonso Ferrón del Río pagaba las comisiones, siempre con facturas falsas, pero con apariencia legal. Marjaliza  contaba con su empresa Obrum, que era la encargada de construir el colegio. La empresa de construcción les cobraba a los profesores un 7% del valor final del colegio. Teniendo en cuenta que cada colegio costaba entre 15 y 30 millones de euros, la comisión del propietario de Alfedel ascendía hasta 2,1 millones, de los que alrededor de la mitad iban directamente a la sociedad consultora de David Marjaliza, a través de facturas ficticias.

Pagó con fondos públicos publicidad en Internet, para contrarrestar las noticias que no le interesaran. La empresa Indra, aparece como una de las beneficiarias y José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, también está dentro de la investigación.

Llevaba años bajo sospecha. Los escándalos que le perseguían nunca lograban acabar con su carrera política. La presidenta Aguirre se encargó de protegerle sin reservas, hasta que llegó el secreto bancario desde Suiza. Entonces Granados se despidió a la fuerza y para siempre de la política activa. La Fiscalía Anticorrupción destapó este escándalo a raíz de una sorprendente, por inesperada, confidencia suiza en la Nochebuena de 2013. Sin que ninguna autoridad judicial lo pidiera, la fiscalía del país helvético remitió a sus colegas españoles información sobre una sospecha de “delito agravado de blanqueo de capitales» en relación con los ahorros que Francisco Granados y su amigo el constructor David Marjaliza. En la terminología bancaria, Granados era un PEP (persona especialmente expuesta) a la que había que hacer seguimiento sobre el origen de sus fondos. Es la misma terminología que los bancos suizos utilizaron con el ex tesorero Luis Bárcenas, cuando fue nombrado senador del PP y tuvo que dar explicaciones para justificar los ingresos que había en sus cuentas.

La información suiza sobre el ex consejero Granados llevó a la Fiscalía Anticorrupción a tirar del hilo bancario con ayuda del juez Eloy Velasco, y ejecutada por la Guardia Civil, que desarticuló una extensa red político-empresarial dedicada al tráfico de influencias y al pago/cobro de comisiones ilegales que operaba, casi hasta ayer,  quien abrió una investigación secreta, ordenó intervenciones telefónicas, vigilancias, seguimientos e informes tributarios con los que fue dibujando un mapa de carreteras secundarias que conducirían a Granados y a su amigo íntimo, David Marjaliza, la llamada Operación Púnica.

El 19 de febrero de 2014 fue publicado en los medios que Francisco Granados tenía una cuenta a su nombre en Suiza con 1,5 millones de euros. El dinero estaba en un depósito abierto desde 1999, según comunicó la justicia suiza a la española. En el marco de la Operación Púnica, Francisco Granados fue detenido el 27 de octubre de 2014. La justicia ordenó el bloqueo de cuentas de Francisco Granados y de su testaferro, David Marjaliza, en Suiza y Singapur, cuentas que acumularían unos 11 millones de euros (7 y 4 respectivamente). Fueron 35 los detenidos, y otras 15 personas imputadas. Entre los detenidos nos encontramos también con algunos políticos del PSOE: Antonio Borrego, Jefe de gabinete del Alcalde de Parla y Jose María Fraile, Alcalde de Parla, y de IU, Avelino Pérez, responsable de Obras Públicas del Ayuntamiento de Parla. El juez decretó el 31 de octubre su ingreso en prisión, investiga delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y utilización de información confidencial. Decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional mes y medio después, al entender que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, lo que en aquel mes y medio pudo perfectamente ocurrir, pues tuvieron tiempo sobrado para ello.

El ex alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, era descubierto por la Guardia Civil, llevándose cajas de documentos de la alcaldía, tras haber sido alertado por un funcionario local de la posibilidad de estar cometiendo un delito. Durante el suceso, Sánchez estaba imputado y siendo investigado por prevaricación, fraude, cohecho y malversación. Previo al suceso, había alegado mala salud para no haber ido a declarar ante el juez.

Así, Francisco Granados y David Marjaliza, diseñaron un sistema para saquear los presupuestos públicos de varios municipios madrileños, comenzando por Valdemoro, y llegando a administraciones públicas de varias comunidades autónomas. La causa abierta en la Audiencia Nacional afecta a siete ayuntamientos madrileños: Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle.Fuera de la Comunidad de Madrid, la Diputación Provincial de León, su expresidente, Marcos Martínez Barazón, en el municipio de Almendralejo (Badajoz) y el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso.

Aparentemente el número uno de la trama, es Francisco Granados.  «Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial».

En registros posteriores, en la casa de los suegros de Granados, encontraron en un altillo un millón de euros, y alegaron, que: «en su casa entraba y salía mucha gente y que podría ser de algún fontanero, o de un trabajador de IKEA».

El cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha abandonado la prisión de Estremera, cárcel inaugurada por él, donde se encontraba encarcelado de forma provisional, después de 32 meses. Recupera la libertad tras abonar la fianza de 400.000 euros, a la espera de que se le juzgue en las numerosas piezas abiertas por la Audiencia Nacional sobre el entramado que lideraba. El primero de los juicios está previsto para el próximo mes de noviembre.

En el auto en el que ordena la salida de prisión del investigado, el juez —que sigue al frente del caso Púnica hasta que aterrice su sustituto en los próximos días— impone como medidas cautelares a Granados que comparezca todos los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial, que facilite un teléfono y un correo electrónico en los que pueda estar localizado y que fije un domicilio para remitirle notificaciones. Asimismo, le prohíbe abandonar el país sin autorización judicial. La madre del considerado cabecilla de la trama Púnica ha comparecido en el juzgado para hacer efectiva la caución mediante la hipoteca de dos propiedades: una finca de Valdemoro a nombre de la mujer de Granados y su cuñado, tasada en más de 300.000 euros, y otra a su nombre, valorada en 523.000 euros.

 

El periodista Eduardo Inda, ha realizado la primera entrevista tras su salida de la cárcel, declarando que el único que ha mandado en la CAM ha sido Ignacio González, junto con Cristina Cifuentes, su mano derecha, que él es inocente: «Iré demostrando su falsedad y su inconcreción uno por uno. También pediré responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la Fiscalía o sean de quien sean».